Poder Ejecutivo remitió al Congreso
el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal
(Por Andres Pascacio Dolorier)
Actualmente se percibe un gran
flagelo por los casos de sicariato y extorsión que atenta contra la vida de los
ciudadanos. La presente ley enviada por el Poder Ejecutivo busca castigar
severamente estos actos delictivos y reducir los índices de criminalidad. Para
lo cual quiero hacerme una pregunta mientras leía el libro “El Silogismo de la
ciudadanía: individuo, sociedad civil y Estado” del filósofo Luis Alberto Cruz
Arias, y me pregunto: ¿el ciudadano es el reflejo de la sociedad?, ahora si la
sociedad está envuelta de agentes corruptos como políticos, autoridades,
jueces, policías y personas; entonces ¿también me podré considerar un individuo
que puedo ser vulnerado por estos agentes que tienen un cargo y pueden influir
con sus decisiones en la nuestras vidas? El ciudadano actual se basa en sus
principios, en su interculturalidad, en sus derechos y deberes alcanzados.
Es
importante destacar lo que va imperar es el Estado de derecho con sus leyes que
van a sancionar con la legítima defensa y salvaguardando los derechos humanos
de los ciudadanos. Pues esto es aplicado en países que viven en democracia para
proteger la vida, la integridad de sus ciudadanos. Ante ello cito la siguiente
controversia: ¿Debería aprobar el Congreso de la República el proyecto de ley
que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal en caso de
sicariato y extorsión remitido por el Poder Ejecutivo? Mi tesis es a favor,
por lo que sustentaré mi postura.
En
primer lugar, considero que el que el Congreso de la República debe aprobar el
proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en caso de
sicariato y extorsión, porque se percibe una creciente inseguridad ciudadana que
atenta contra la ciudadanía. Pues los ciudadanos tenemos deberes y derechos que
deben ser protegidos por el Estado, pues se busca que tengamos una vida digna. Asimismo, existen normativas universales que
protegen al ciudadano. Para Ferry y Renaut1 (1997) sostiene que los
derechos expresados desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 hasta ahora establecen “las libertades fundamentales que se
garantizan a los ciudadanos y que pueden oponerse al Estado, cuyos límites
trazan por consiguiente”. De esta manera, y en virtud de lo anteriormente
dicho, los derechos proclamados en 1789 son “derechos-libertades”, los que
definen “posibilidades intelectuales para el individuo (libertad de
pensamiento, libertad de expresión, libertad de creencia…) o físicas (libertad
de trabajo, libertad de comercio, libertad de reunión…).
En
segundo lugar, considero que el que el Congreso de la República debe aprobar el
proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en caso de
sicariato y extorsión, porque, dado que, en democracia, los ciudadanos tienen
un involucramiento en el desarrollo de la sociedad, pues cumple un rol
protagónico, ¿cómo?, lo hace por medio de los votos, es decir en las elecciones
democráticas que le da la facultad de elegir a las autoridades. Ahora, influye
la toma decisión de cada uno de nosotros en buscar un bienestar en común, en
base a sus principios y a sus normas morales y ética. Estas autoridades tienen
de deber de cumplir su mandato de crear leyes que busquen dar la seguridad y
bienestar ciudadana. En ese sentido, existe una participación ciudadana que
busca una igualdad para todos e involucrarnos directamente en el desarrollo de
nuestra sociedad. Ahora transciende la multiculturalidad, donde se destaca la
identidad y la cultura de una sociedad. Según Paul Barry Clarke2
manifiesta que «Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la
dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus parámetros
generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo
compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se
relacionan y se crean mutuamente”. Entonces, como un país intercultural, que es
hecho real, se debe construir una identidad y crear el concepto de ciudadanos
interculturales que permite proteger, respetar y valorar las diversas diversidades.
Finalmente,
el contraargumento más álgido es la corrupción en todas las esferas del poder, pues
bastante crítica, hay muchas extorsiones y sicariatos que todos los días salen
publicados en la prensa. No cabe duda que se debe enfrentar esta problemática. Lamentablemente
las autoridades o no toman conciencia de la situación y solo se fijan en sus
intereses. Bajo esa óptica aparece el concepto de Estado de Derecho que busca
garantizar el respeto y la igualdad. Por tanto, Gustavo Zambrano Chávez manifiesta
que, al consolidarse la figura de Estado de Derecho, el principio de legalidad
aseguraba el carácter prescriptivo de este. Ya no nos encontrábamos sujetos a
la actuación de cualquier político, sino que la ley, previamente establecida,
regularía la convivencia entre los seres humanos buscando que esta fuera
pacífica y brindando los instrumentos de solución de las controversias que
aparecían regularmente. Entonces, para que la norma sea válida, debía cumplir
con determinados requerimientos expresamente señalados. A esto se le conoce
como validez formal de la norma, que significó el divorcio de esta y la
justicia: una norma podía ser válida y no ser justa. Lo ideal es que una norma
sea justa, pero, si cumplía con todos los requerimientos formales, podía ser
válida, aunque no justa. Obviamente, el contraargumento es bastante claro, las
leyes pueden ser muy duras y pueden restringir el derecho de los ciudadanos,
por ejemplo ir en contra de su libertad.
El
ciudadano actual, donde nuestro país es muy diverso, se crea el concepto de
multiculturalismo, pues hay lucha constante con la defensa de sus derechos, es
buscar la identidad y nuestra cultura, da como producto nuestra
interculturalidad. En ese sentido se debe construir nuestra interculturalidad
en base a proteger, respetar y valorar las diversas diversidades. Para
erradicar el racismo y la discriminación racial, lingüística, religiosa, entre
otros. En resumen, la interculturalidad debe ser una política de Estado, que
promueva el desarrollo de la igualdad. Además, los ciudadanos deben entender la
importancia de su rol protagónico en la elección de nuestras autoridades, pues
una sociedad justa y equitativa se podrán alcanzar mejores beneficios, como por
ejemplo el derecho al trabajo digno, la igualdad de oportunidades. Esto da una
mejor oportunidad para la libertad y valorar nuestro irrestricto derecho a
elegir. Finalmente, la sociedad se enmarca en un Estado de derecho, donde las
leyes deben guardar un respeto a los derechos humanos, donde la seguridad
ciudadana es necesario para proteger el bien común. Por eso es necesario
fomentar leyes que castiguen a quienes busquen menoscabar nuestros derechos y
nuestra vida. Donde prime el Estado de derecho, en base a las leyes y al
respecto irrestricto a los derechos humanos, es donde se debe combatir este
flagelo, es por eso es imperante aprobar la Ley del Terrorismo Urbano para usar
una norma legal y democrática para derrotar el sicariato y la extorsión.
Bibliografía
1
Ferry y Renaut, 1997: 22
2
Savater, F. (2007). Diccionario del ciudadano
sin miedo a saber (pp. 6 - 13)
3
Zambrano, G. Ética y ciudadanía. Los límites de
la convivencia.
Cruz, L.
(2006) El silogismo de la ciudadanía: individuo, sociedad y sociedad civil y
Estado.
