La corrupción en el Perú
Por Andres Pascacio Dolorier
Desde que se evidenció los actos de corrupción que se han plasmado en la historia republicana, esta se evidencia detalladamente por el historiador Alonso Quiros, que en su libro Historia de la corrupción en el Perú, se explayó en demostrar la famélica miseria moral desde personajes como virreyes soterrados, presidentes coludidos por intereses o los que vendieron al país al peor postor y que nos ubicó en un posición de miseria y de analfabetismo total. Entonces: ¿Por
qué es tan compleja la lucha contra la corrupción en el Perú? La problemática se ha ido incrementando considerablemente año tras año en
lo social y político.
Por lo tanto, para
comenzar, entre los tipos de delitos más comunes de la corrupción,
encontramos a continuación los siguientes: Primero,
la figura del peculado, que es cuando un funcionario público utiliza el
dinero del Estado o bienes para sí mismo o para otro. En total existen 28,395
casos de corrupción en todo el país, teniendo a Lima como la región con mayor
incidencia con 3,295 casos; seguida por Junín, con 2,054; y Ancash, con 1,722,
según la Agencia Andina. Segundo,
el delito de colusión, que hasta el año 2017 fue el tercero más
frecuente con mayor número de internos en los penales a nivel nacional (83
internos), según la Defensoría del Pueblo. Estamos frente a un acto de colusión
cuando se ha realizado un pacto ilícito entre dos personas u organizaciones con
el fin de perjudicar a un tercero, siendo en este caso el Estado, afectando
directamente su patrimonio. Un claro ejemplo es el del ex alcalde de la
Municipalidad del Callao, Alex Kouri, quién incurrió en este delito
perjudicando al Estado por más de 32 millones de dólares. Tercero, cohecho;
es cuando un funcionario ofrece, da o promete un donativo, promesa, ventaja o
beneficio. Conocido también como “coima” en términos coloquiales y se da cuando
un servidor público acepta, recibe o condiciona su actuar a cambio de un donativo
por parte de un ciudadano. Por ejemplo, el caso de los cuatro policías en
Trujillo, quienes fueron condenados a cinco años de pena privativa de la
libertad efectiva por el delito de cohecho.
Asimismo,
existe la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo
como uno de los delitos más comunes, y este se configura cuando un servidor
público de forma directa o indirecta, se interesa indebidamente, en provecho
propio o de un tercero, de cualquier contrato u operación que interviene. Por último, pero no menos
importante, la malversación de fondos públicos; se incurre en el cuándo
se le da al dinero o bienes, una aplicación diferente de aquella para la que
esta destinada, afectando el servicio o función encomendada. Por ejemplo, en el
año 2013, el alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Caros Burgos
Horna, fue acusado por malversar fondos de la municipalidad, puesto que, gastó S/.
152.500 en la adquisición de una camioneta Nissan Pathfinder para el serenazgo,
sin embargo, se verificó que era usado por él y su familia.
Con respecto a las consecuencias que genera la corrupción en
nuestro país, es importante señalar las más importantes a continuación: En
primer lugar, tenemos los sobrecostos de las obras, es decir,
mientras los corruptos se enriquecen ilícitamente, el costo de las obras que en
un primer momento estaban fijadas, terminan elevándose debido a que se
entregaron concesiones a empresas corruptas e inescrupulosas. En segundo lugar, la desconfianza
en las instituciones públicas, esto es debido a que, muchos funcionarios
abusan de su cargo exigiendo sobornos o comisiones a cambio de consideraciones
particulares, por ejemplo, jueces pidiendo dinero a cambio de agilizar un
trámite o favorecer a alguien en particular. Del mismo modo, la ineficacia de la burocracia,
en la medida en que impide contar con una administración pública eficiente. Al mismo tiempo, debilita
el desarrollo del país, en otras palabras, detiene el avance de la sociedad
y del propio Estado; con los sobrecostos de obras, con infraestructuras mal
hechas, con la desconfianza e indignación de los ciudadanos, de manera que nos
hace retroceder. Además,
promueve marchas contra el sistema político, ya que este poder del
Estado es uno de los principales causantes de la corrupción, puesto que allí
muchos de los partidos políticos blindan descaradamente a otros parlamentarios,
además de, archivar denuncias, elaboran leyes a favor de sus intereses
particulares, en consecuencia, los ciudadanos terminan realizando marchas en
contra de estos actos de corrupción.
En conclusión, se ha manifesta ese arraigo de impunidad y blindaje político, dado que muchos de sus partidarios pertenecen a una agrupación política que les permite estar seguros de no ser sancionados penalmente. Por ahora, la decisión política desde la fiscalía, desde el equipo Lava Jato, en denunciar a los funcionarios corruptos, candidatos, alcaldes, jueces y congresista, hace aprobatorio y encomiable dichos actos pues la ciudadanía expresa su confianza y respaldo ante los casos de corrupción que son materia de investigación, a la vez, la labor del juez Richard Concepción Carhuancho en hacer prevalecer la ley sin tintes políticos ni ante las amenazas desde los partidos que tienen rabo de paja.
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