“Reforma Agraria
en el Perú: aspecto político, económico y social”
(Por Andres
Pascacio Dolorier)
Debemos contextualizar la situación que atravesaba el
Perú. En 1968 se produce una golpe de Estado al gobierno democrático de Fernando
Belaunde Terry, dicho acontecimiento conllevaría a una dictadura militar,
liderado por el general Juan Velazco Alvarado, la cual se implanta un Gobierno
Revolucionado de las Fuerzas Armadas, asimismo se enmarca el proyecto político,
económico y social, por tal razón entre su objetivos principal como referente
ideológico, fueron las reformas, es por eso que la reforma agraria que se
inicio en 1969, básicamente redifinió la institución de la propiedad para
resolver los litigios y el problema de la tierra.
El problema de la tierra suscitó grandes conflicto y protetas
en América Latina. En el contexto peruano, existía una gran migración del campo
a la ciudad que se fue incrementando significativamente, además la extrema
concentración de la propiedad de la tierra por parte de los terratenienes y
oligarcas, conllevó a una masiva manifestaciones de reinvindicativas por parte
del campesino, que generó una fuerte presión
y obligó política y socialmente a realizar las reformas. Ante ello, se
formula la siguiente controversia: ¿Fue beneificiosa la reforma agraria en
el Perú? Considero que no, es por ello que voy a sustentar con argumentos
mi postura.
Considero que la Reforma Agraria peruana trajo serios
problemas sociales, pues en el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde,
como signatario de la Carta de Punta del Este, se comprometió a: "Impulsar
dentro de la particularidad de cada país, programas de Reforma Agraria
Integral, orientados a la efectiva transformación de las estructuras e injustos
sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con
miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de
propiedad, de tal manera que, mediante el complemento de crédito oportuno y
distribución de los productos, la tierra constituya, para el hombre que la
trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo
bienestar y garantía de su libertad y dignidad"1. Al darse el
golpe de Estado conllevó que el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas,
y este acontecimiento relevante tuvo un sesgo político pues el Estado tenía el
control de las tierras expropiadas, mas no le pertenecía al campesino.
Por un lado, en el aspecto económico, según Melchor
Lima Hancco3, exdirigente de la Confederación Campesina del
Perú, menciona que sus abuelos fueron sirvientes en la hacienda Pucawasi, de
los Gamarra, y que en 1969 llegaron los militares para desalojar a los
hacendados. Encontraron a algunos patrones, otros ya se habían ido. Al poco
tiempo llegaron funcionarios para tomar el inventario de toda la existencia en la hacienda que pasó a manos
de la empresa de propiedad social. En otros
lugares pasaron a las cooperativas.
En el otro perspectiva, Fernando Cillóniz3,
empresario agrícola y exgobernador regional de Ica. Su familia era dueña de las
haciendas Huamaní y San José, en Chincha. La primera
fue totalmente expropiada, en el caso de la segunda pudieron mantener la casa y
cien hectáreas. No les pagaron nada por las tierras que les quitaron. “La
reforma agraria de Velasco fue un fracaso. Las tierras fueron expropiadas, se
cooperativizaron, las cooperativas fracasaron, se parcelaron, y hoy día tenemos
al sector rural en la miseria”.
Por otro lado, en el aspecto político, ante las
decisiones del Gobierno Militar de la Fuerzas Armadas trajo consigo una reforma
agraria radical que produjo de forma ilegal la expropiación de la tierra. Todo
lo mencionado anteriormente fungió como caldo de cultivo para que una primera ley
de la Reforma Agraria fuese promulgada durante el gobierno de Fernando Belaunde
Terry, un 21 de mayo de 1964. No obstante, esta no trajo consigo cambios en el
panorama existente, por el contrario, hubo gran frustración por parte de los
grupos que serían beneficiados y muchas críticas entre los poderes de
influencia que creían en la urgencia de dicha medida.
Según explica Fernando Eguren, “La reforma de Velasco Alvarado es hasta hoy
considerada una de las más radicales de la región, esto se debe a que durante
sus años de aplicación se llegó a expropiar 15 mil 826 fundos y más de 9
millones de hectáreas, además la clase terrateniente fue “liquidada social y
económicamente. También, Esto responde principalmente a que tanto grandes
latifundios, como tierras medianas y pequeñas fueron compradas forzosamente a
precios muy por debajo de su valor real y pagadas con bonos que tardaron en
llegar. Las áreas de las haciendas, ahora propiedad del estado, fueron
adjudicadas a campesinos que formaban parte de cooperativas, pero también a
grupos y comunidades”. Por la coyuntura, el territorio peruano es muy complejo
y difícil de dominar y buena parte de la tierra cultivable existente. Es por
eso se necesitaba un respaldo social y económico para poder empezar desarrollar
una gran logística, una mejor infraestructura y mayor capacitdad técnica, y una
mayor inversión económica.
Finalmente, después de más de 55 años, la reforma
agraria implementada por el Gobierno Militar del general Velasco ha generado
mucha controversia en el ámbito social, económico y político. Quienes defienden
la reforma agraria son ubicados en el campo de los “estatistas” y “populistas”,
y de los que tienen escasa fe en el mercado. Pon ende, se los sitúa en tiempo
fallido y la situación del indio no se planteó en su desarrollo. La reforma
agraria era necesaria y urgente para erradicar el sistema de servidumbre y
expropiación de la tierra. Sin embargo, hubo una falta de planificación,
ineficiencia en la gestión de cooperativas estatales, falta de apoyo técnico y
financiamiento, limitaciones legales y constitucionales.
Bibliografía
1 Matos Mar, José
y J. M. Mejía: La reforma agraria en el Perú. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 1980, p. 171. La cifra final actualizada al 30 de setiembre de 1993
es de 9’688.763 ha adjudicadas (véase Del Castillo, Laureano: Los censos
agrarios y la estructura de propiedad agraria en el Perú. Lima: Universidad de
San Martín de Porres, junio del 2001).
2 Carta de Punta
del Este, Organización de los Estados Americanos, Alianza para el Progreso,
Washington.
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