CAOS, DESIGUALDAD Y EL DIÁSPORA DE LA MIGRACIÓN EN LA DÉCADA DE LOS 50

 

 

Las migraciones ocurridas a partir de la década del 50

fueron motivadas por razones, políticas, económicas y sociales.

(Por Andres Pascacio Dolorier)

 

                                                                

Actualmente es imposible entender el Perú, sino no se entiende el tema de la migración, pues fue el traslado de personas del ámbito rural a la capital, fue un hecho y fenómeno crucial en la mitad del siglo XX. Entonces aparecen factores como la modernización donde concita un gran interés y el abandono paulatino del campo, causa de ello se fortalece el centralismo, el desborde popular. Según José Mato Mar¹, las estadísticas oficiales demuestran que en 1975 el 71 % del número de establecimientos industriales se concentraba en la Capital de la República. Más aún, cerca del 75% del valor bruto de la producción y el 70% de los puestos de trabajo de esa actividad se generaban en el departamento de Lima. A pesar de la gran importancia económica de esta región, su desenvolvimiento no absorbió mano de obra al ritmo que exigía su crecimiento urbano. Sin embargo, la migración trae consigo la exclusión, la discriminación, la desigualdad social y la falta de identidad. Este tema genera un repertorio de estudios en el ámbito antropológico, histórico y sociológico; más aún que hay contexto social, político y económico; por tanto, se debe hacer una radiografía del Perú a partir del año 50. A continuación cito la controversia, ¿crees que, en la actualidad, existen consecuencias sociales por dichas migraciones?, mi postura es a favor. Seguidamente fundamentaré mis tres argumentos.

En primer lugar, considero sí actualmente existen consecuencias sociales por dichas migraciones, dado que ha dejado huella el tema de la desigualdad social, pues las diferencias de clases han conllevado a la marginación, donde no puede darse una distribución justa. Según John Rawls² (1995) “colocó el ideal de una sociedad menos desigual y el tema de la justicia en la agenda de la filosofía política, y respondió con ello a las imperantes ideas del utilitarismo. Las instituciones básicas de una sociedad, no debieran distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes, sino, sobre todo, por ser justas”. Solo con citar el tema de la salud, un hospital que no tiene la infraestructura, ni los especialistas y no cuenta con las medicinas se percibe más en las barriadas y/o asentamientos humanos.

Siguiendo con John Rawls, él sostiene que, para alcanzar un adecuado nivel de vida social, se requiere desarrollar plenamente dos facultades morales: el sentido de justicia —es decir, la capacidad para entender, aplicar y obrar según los principios de una justicia política que define los términos equitativos de la cooperación social— y la concepción del bien o la capacidad de poseer, revisar y perseguir racionalmente una concepción de “lo bueno”. El contraargumento a dicha postura es que aspecto social se ha propiciada con las leyes la inclusión de personas desfavorecidas económicamente, el programa Beca 18, Pensión 65 y los programas sociales que permitan destacar la presencia del Estado en zonas vulnerables.

 

En segundo lugar, considero sí actualmente existen consecuencias sociales por dichas migraciones, porque ha propiciado la informalidad, esto ha traído como consecuencia una baja calidad del empleo. El INEI (2019) en el periodo de abril 2018 y marzo de 2019, reportó en su Informe Técnico de Mercado Laboral un total de 8 millones 646 mil 200 personas empleadas en el sector informal, 239 mil personas más respecto al periodo anterior. De acuerdo con este reporte, el trabajo informal es cada vez más alto en los distintos dominios geográficos. Esto causa una vulneración al desarrollo y al progreso de una sociedad.

Por otro lado, Sánchez y Chafloque (2019), la informalidad es de carácter nacional. Lima Metropolitana presenta los mayores índices de informalidad seguida por la sierra sur y la selva donde el incremento ha sido considerable en los últimos años. Esto último muestra la importancia del comercio informal en las economías regionales, especialmente en aquellas en zonas de frontera. El contraargumento es que se busca a través del Ministerio de Promoción y del Trabajo formalizar a las Mypes, darles capacitaciones, incentivando a los microempresarios a invertir más y generar más puestos de trabajos formal.

 

Finalmente, considero sí actualmente existen consecuencias sociales por dichas migraciones, puesto que origina la desigualdad económica, esto trae una honda repercusión pues se observa un alto índice de taza de pobreza (la pobreza extrema es el índice más crítico) no se puede generar una reducción de la pobreza. Para Bourguignon (2002) formaliza esta noción con lo que denomina el triángulo “pobreza-crecimiento-desigualdad”, en el que propone que la reducción de la pobreza es una función directa del crecimiento, la distribución inicial de los ingresos y los cambios en esta distribución. En un estudio realizado sobre 50 países en desarrollo, encuentra que la distribución del ingreso tiene un doble efecto sobre la reducción de la pobreza. Por un lado, una permanente reducción de la desigualdad reduce directamente la pobreza; por otro, contribuye a aumentar la sensibilidad de la tasa de reducción de la pobreza con respecto al crecimiento. El contraargumento es que existe una institución independiente que es el BCR que se encarga de contralar la inflación y el INEI responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país.

 

El Perú es un país pluricultural y multilingüista, y esta línea se ha formado los cimientos de la identidad, la inclusión y la igualdad en los derechos del ciudadano, es un paso transcendental para generar un bien común y una mayor integridad. Además, se debe gestar políticas distributivas que fomenten la equidad.

 

La inclusión es un factor social es positivo, pues hay una confluencia de raíces e identidades culturales. Por lo que las condiciones de las zonas urbanas eran totalmente diferentes a las zonas rurales, dado que la migración masiva trajo consigo los asentamientos humanos, las barriadas, la informalidad y la cultura chica. Esta última, como señala Quispe en su texto “La cultura chicha en el Perú”, es la mixtura de todas las culturas peruanas anidadas en la ciudad; no es exactamente andina, aunque lo es mayoritariamente, tampoco es propiamente citadina sino más bien es la mezcla de todas las culturas incluida la criolla limeña. 

El migrante se tuvo que adaptar a la capital, perdiendo su propia identidad cultural, sus raíces folclóricas y su propia lengua. Para José Mato Mar (1986) En su libro El desborde popular y la crisis del Estado, el migrante tuvo que adaptarse al contexto que le ofrecía la ciudad y encontrar soluciones dentro de las posibilidades dadas por su experiencia previa. Tenía dos opciones: someterse al sistema legal imperante aceptando la falta de techo o violentar los límites del sistema establecido. Su origen, así como su situación frente a la estructura social urbana y los mecanismos existentes en la "Ciudad Legal", que están ligados a un sistema de poder que se expresa a nivel político, social y económico, determinó que decidiera por la segunda opción, es decir la invasión de áreas marginales posibles de ser urbanizadas.

Bibliografía

F. Klarén, P. (2014). Nación y sociedad en la historia del Perú: ( ed.). Lima, Peru: IEP Ediciones. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/79394?page=335.

 

Reyes Zamora, David. Reto bicentenario: una mirada a las fracturas que limitan el desarrollo del Perú tras la pandemia. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

 

Tanaka, M. (2018). 50 años pensando el Perú: una reflexión crítica: el Instituto de Estudios Peruanos, 1964-2014: (ed.). Lima, Perú: IEP Ediciones. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/79531?page=48.

 

 1 Matos Mar, José. Desborde popular y crisis del Estado: el nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Lima: IEP, 1984.

 

2 Cotler, J. (2011). Las desigualdades en el Perú: balances y críticas: (ed.). Lima, Perú: IEP Ediciones. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/79463?page=36.

PERSPECTIVAS DE LA HISTORIA DE LA DÉCADA DEL 1960

 

 

“Reforma Agraria en el Perú: aspecto político, económico y social”

(Por Andres Pascacio Dolorier)

 

Debemos contextualizar la situación que atravesaba el Perú. En 1968 se produce una golpe de Estado al gobierno democrático de Fernando Belaunde Terry, dicho acontecimiento conllevaría a una dictadura militar, liderado por el general Juan Velazco Alvarado, la cual se implanta un Gobierno Revolucionado de las Fuerzas Armadas, asimismo se enmarca el proyecto político, económico y social, por tal razón entre su objetivos principal como referente ideológico, fueron las reformas, es por eso que la reforma agraria que se inicio en 1969, básicamente redifinió la institución de la propiedad para resolver los litigios y el problema de la tierra.

 

El problema de la tierra suscitó grandes conflicto y protetas en América Latina. En el contexto peruano, existía una gran migración del campo a la ciudad que se fue incrementando significativamente, además la extrema concentración de la propiedad de la tierra por parte de los terratenienes y oligarcas, conllevó a una masiva manifestaciones de reinvindicativas por parte del campesino, que generó una fuerte presión  y obligó política y socialmente a realizar las reformas. Ante ello, se formula la siguiente controversia: ¿Fue beneificiosa la reforma agraria en el Perú? Considero que no, es por ello que voy a sustentar con argumentos mi postura.

 

Considero que la Reforma Agraria peruana trajo serios problemas sociales, pues en el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde, como signatario de la Carta de Punta del Este, se comprometió a: "Impulsar dentro de la particularidad de cada país, programas de Reforma Agraria Integral, orientados a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento de crédito oportuno y distribución de los productos, la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad"¹. Al darse el golpe de Estado conllevó que el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y este acontecimiento relevante tuvo un sesgo político pues el Estado tenía el control de las tierras expropiadas, mas no le pertenecía al campesino.

 

Por un lado, en el aspecto económico, según Melchor Lima Hancco³, exdirigente de la Confederación Campesina del Perú, menciona que sus abuelos fueron sirvientes en la hacienda Pucawasi, de los Gamarra, y que en 1969 llegaron los militares para desalojar a los hacendados. Encontraron a algunos patrones, otros ya se habían ido. Al poco tiempo llegaron funcionarios para tomar el inventario de toda la existencia en la hacienda que pasó a manos de la empresa de propiedad social. En otros lugares pasaron a las cooperativas.

 

En el otro perspectiva, Fernando Cillóniz³, empresario agrícola y exgobernador regional de Ica. Su familia era dueña de las haciendas Huamaní y San José, en Chincha. La primera fue totalmente expropiada, en el caso de la segunda pudieron mantener la casa y cien hectáreas. No les pagaron nada por las tierras que les quitaron. “La reforma agraria de Velasco fue un fracaso. Las tierras fueron expropiadas, se cooperativizaron, las cooperativas fracasaron, se parcelaron, y hoy día tenemos al sector rural en la miseria”.

Por otro lado, en el aspecto político, ante las decisiones del Gobierno Militar de la Fuerzas Armadas trajo consigo una reforma agraria radical que produjo de forma ilegal la expropiación de la tierra. Todo lo mencionado anteriormente fungió como caldo de cultivo para que una primera ley de la Reforma Agraria fuese promulgada durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, un 21 de mayo de 1964. No obstante, esta no trajo consigo cambios en el panorama existente, por el contrario, hubo gran frustración por parte de los grupos que serían beneficiados y muchas críticas entre los poderes de influencia que creían en la urgencia de dicha medida.

 

Según explica Fernando Eguren,  “La reforma de Velasco Alvarado es hasta hoy considerada una de las más radicales de la región, esto se debe a que durante sus años de aplicación se llegó a expropiar 15 mil 826 fundos y más de 9 millones de hectáreas, además la clase terrateniente fue “liquidada social y económicamente. También, Esto responde principalmente a que tanto grandes latifundios, como tierras medianas y pequeñas fueron compradas forzosamente a precios muy por debajo de su valor real y pagadas con bonos que tardaron en llegar. Las áreas de las haciendas, ahora propiedad del estado, fueron adjudicadas a campesinos que formaban parte de cooperativas, pero también a grupos y comunidades”. Por la coyuntura, el territorio peruano es muy complejo y difícil de dominar y buena parte de la tierra cultivable existente. Es por eso se necesitaba un respaldo social y económico para poder empezar desarrollar una gran logística, una mejor infraestructura y mayor capacitdad técnica, y una mayor inversión económica.

 

Finalmente, después de más de 55 años, la reforma agraria implementada por el Gobierno Militar del general Velasco ha generado mucha controversia en el ámbito social, económico y político. Quienes defienden la reforma agraria son ubicados en el campo de los “estatistas” y “populistas”, y de los que tienen escasa fe en el mercado. Pon ende, se los sitúa en tiempo fallido y la situación del indio no se planteó en su desarrollo. La reforma agraria era necesaria y urgente para erradicar el sistema de servidumbre y expropiación de la tierra. Sin embargo, hubo una falta de planificación, ineficiencia en la gestión de cooperativas estatales, falta de apoyo técnico y financiamiento, limitaciones legales y constitucionales.

 

 

 

 

 

Bibliografía

1 Matos Mar, José y J. M. Mejía: La reforma agraria en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980, p. 171. La cifra final actualizada al 30 de setiembre de 1993 es de 9’688.763 ha adjudicadas (véase Del Castillo, Laureano: Los censos agrarios y la estructura de propiedad agraria en el Perú. Lima: Universidad de San Martín de Porres, junio del 2001).

2 Carta de Punta del Este, Organización de los Estados Americanos, Alianza para el Progreso, Washington.

 

3 https://larepublica.pe/politica/2021/10/03/dos-miradas-sobre-la-reforma-agraria-de-juan-velasco-alvarado-agricultura

TEXTO ARGUMENTATIVO

 

Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal

(Por Andres Pascacio Dolorier)

 

            Actualmente se percibe un gran flagelo por los casos de sicariato y extorsión que atenta contra la vida de los ciudadanos. La presente ley enviada por el Poder Ejecutivo busca castigar severamente estos actos delictivos y reducir los índices de criminalidad. Para lo cual quiero hacerme una pregunta mientras leía el libro “El Silogismo de la ciudadanía: individuo, sociedad civil y Estado” del filósofo Luis Alberto Cruz Arias, y me pregunto: ¿el ciudadano es el reflejo de la sociedad?, ahora si la sociedad está envuelta de agentes corruptos como políticos, autoridades, jueces, policías y personas; entonces ¿también me podré considerar un individuo que puedo ser vulnerado por estos agentes que tienen un cargo y pueden influir con sus decisiones en la nuestras vidas? El ciudadano actual se basa en sus principios, en su interculturalidad, en sus derechos y deberes alcanzados.

Es importante destacar lo que va imperar es el Estado de derecho con sus leyes que van a sancionar con la legítima defensa y salvaguardando los derechos humanos de los ciudadanos. Pues esto es aplicado en países que viven en democracia para proteger la vida, la integridad de sus ciudadanos. Ante ello cito la siguiente controversia: ¿Debería aprobar el Congreso de la República el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal en caso de sicariato y extorsión remitido por el Poder Ejecutivo? Mi tesis es a favor, por lo que sustentaré mi postura.

 

En primer lugar, considero que el que el Congreso de la República debe aprobar el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en caso de sicariato y extorsión, porque se percibe una creciente inseguridad ciudadana que atenta contra la ciudadanía. Pues los ciudadanos tenemos deberes y derechos que deben ser protegidos por el Estado, pues se busca que tengamos una vida digna.  Asimismo, existen normativas universales que protegen al ciudadano. Para Ferry y Renaut¹ (1997) sostiene que los derechos expresados desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 hasta ahora establecen “las libertades fundamentales que se garantizan a los ciudadanos y que pueden oponerse al Estado, cuyos límites trazan por consiguiente”. De esta manera, y en virtud de lo anteriormente dicho, los derechos proclamados en 1789 son “derechos-libertades”, los que definen “posibilidades intelectuales para el individuo (libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de creencia…) o físicas (libertad de trabajo, libertad de comercio, libertad de reunión…).

En segundo lugar, considero que el que el Congreso de la República debe aprobar el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en caso de sicariato y extorsión, porque, dado que, en democracia, los ciudadanos tienen un involucramiento en el desarrollo de la sociedad, pues cumple un rol protagónico, ¿cómo?, lo hace por medio de los votos, es decir en las elecciones democráticas que le da la facultad de elegir a las autoridades. Ahora, influye la toma decisión de cada uno de nosotros en buscar un bienestar en común, en base a sus principios y a sus normas morales y ética. Estas autoridades tienen de deber de cumplir su mandato de crear leyes que busquen dar la seguridad y bienestar ciudadana. En ese sentido, existe una participación ciudadana que busca una igualdad para todos e involucrarnos directamente en el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora transciende la multiculturalidad, donde se destaca la identidad y la cultura de una sociedad. Según Paul Barry Clarke² manifiesta que «Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente”. Entonces, como un país intercultural, que es hecho real, se debe construir una identidad y crear el concepto de ciudadanos interculturales que permite proteger, respetar y valorar las diversas diversidades.

 

Finalmente, el contraargumento más álgido es la corrupción en todas las esferas del poder, pues bastante crítica, hay muchas extorsiones y sicariatos que todos los días salen publicados en la prensa. No cabe duda que se debe enfrentar esta problemática. Lamentablemente las autoridades o no toman conciencia de la situación y solo se fijan en sus intereses. Bajo esa óptica aparece el concepto de Estado de Derecho que busca garantizar el respeto y la igualdad. Por tanto, Gustavo Zambrano Chávez manifiesta que, al consolidarse la figura de Estado de Derecho, el principio de legalidad aseguraba el carácter prescriptivo de este. Ya no nos encontrábamos sujetos a la actuación de cualquier político, sino que la ley, previamente establecida, regularía la convivencia entre los seres humanos buscando que esta fuera pacífica y brindando los instrumentos de solución de las controversias que aparecían regularmente. Entonces, para que la norma sea válida, debía cumplir con determinados requerimientos expresamente señalados. A esto se le conoce como validez formal de la norma, que significó el divorcio de esta y la justicia: una norma podía ser válida y no ser justa. Lo ideal es que una norma sea justa, pero, si cumplía con todos los requerimientos formales, podía ser válida, aunque no justa. Obviamente, el contraargumento es bastante claro, las leyes pueden ser muy duras y pueden restringir el derecho de los ciudadanos, por ejemplo ir en contra de su libertad.

El ciudadano actual, donde nuestro país es muy diverso, se crea el concepto de multiculturalismo, pues hay lucha constante con la defensa de sus derechos, es buscar la identidad y nuestra cultura, da como producto nuestra interculturalidad. En ese sentido se debe construir nuestra interculturalidad en base a proteger, respetar y valorar las diversas diversidades. Para erradicar el racismo y la discriminación racial, lingüística, religiosa, entre otros. En resumen, la interculturalidad debe ser una política de Estado, que promueva el desarrollo de la igualdad. Además, los ciudadanos deben entender la importancia de su rol protagónico en la elección de nuestras autoridades, pues una sociedad justa y equitativa se podrán alcanzar mejores beneficios, como por ejemplo el derecho al trabajo digno, la igualdad de oportunidades. Esto da una mejor oportunidad para la libertad y valorar nuestro irrestricto derecho a elegir. Finalmente, la sociedad se enmarca en un Estado de derecho, donde las leyes deben guardar un respeto a los derechos humanos, donde la seguridad ciudadana es necesario para proteger el bien común. Por eso es necesario fomentar leyes que castiguen a quienes busquen menoscabar nuestros derechos y nuestra vida. Donde prime el Estado de derecho, en base a las leyes y al respecto irrestricto a los derechos humanos, es donde se debe combatir este flagelo, es por eso es imperante aprobar la Ley del Terrorismo Urbano para usar una norma legal y democrática para derrotar el sicariato y la extorsión.

 

 

Bibliografía

1      Ferry y Renaut, 1997: 22

2      Savater, F. (2007). Diccionario del ciudadano sin miedo a saber (pp. 6 - 13)

3      Zambrano, G. Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia.

 

Cruz, L. (2006) El silogismo de la ciudadanía: individuo, sociedad y sociedad civil y Estado.

 

 

 

 

 

La IA rompiendo todos los paradigmas del quehacer humano.

 Una perspectiva integral: La IA rompiendo brechas reales y digitales

(Por Andres Pascacio Dolorier)

Según la Unesco (2025) ha considerado que la inteligencia artificial ofrece nuevas perspectivas y oportunidades relevantes para potencial la tecnología. En ese sentido, la IA como una herramienta digital es indispensable para proporcionar información, conocimientos,  traducciones de idiomas y otros insumos que busca dar un mejor rendimiento en beneficio del requerimiento humano. Asimismo,  la tecnología ha evolucionado y ha formado cimientos sólidos en la construcción de nuevos estándares de aprendizaje. 

En primer lugar, hay factores donde la IA ha contruido notablemente a la investigación y proyectos tecnológicos. Permite incidir más en resultados óptimos y de mejor acertividad. Las perspectivas en los diversos campos, conlleva a su utilización cotidiana para el desarrollo de actividades. Por citar un ejemplo, en el ámbito educativo, hay una mejor apertura al aprendizaje con el uso de dispositivos como el diseño de organizadores gráficos a través de programas que permiten facilitar el diseño; por otro lado en se puede obtener información rápido y confiable sobre algún tema en particular.

Para el profesor del Massachusetts Institute of Technology, Patrick H. Winston,  IA son «algoritmos habilitados por restricciones, expuestos por representaciones que  apoyan modelos dirigidos a bucles que unen pensamiento, percepción y acción.»