TEXTO ARGUMENTATIVO

 

Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal

(Por Andres Pascacio Dolorier)

 

            Actualmente se percibe un gran flagelo por los casos de sicariato y extorsión que atenta contra la vida de los ciudadanos. La presente ley enviada por el Poder Ejecutivo busca castigar severamente estos actos delictivos y reducir los índices de criminalidad. Para lo cual quiero hacerme una pregunta mientras leía el libro “El Silogismo de la ciudadanía: individuo, sociedad civil y Estado” del filósofo Luis Alberto Cruz Arias, y me pregunto: ¿el ciudadano es el reflejo de la sociedad?, ahora si la sociedad está envuelta de agentes corruptos como políticos, autoridades, jueces, policías y personas; entonces ¿también me podré considerar un individuo que puedo ser vulnerado por estos agentes que tienen un cargo y pueden influir con sus decisiones en la nuestras vidas? El ciudadano actual se basa en sus principios, en su interculturalidad, en sus derechos y deberes alcanzados.

Es importante destacar lo que va imperar es el Estado de derecho con sus leyes que van a sancionar con la legítima defensa y salvaguardando los derechos humanos de los ciudadanos. Pues esto es aplicado en países que viven en democracia para proteger la vida, la integridad de sus ciudadanos. Ante ello cito la siguiente controversia: ¿Debería aprobar el Congreso de la República el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal en caso de sicariato y extorsión remitido por el Poder Ejecutivo? Mi tesis es a favor, por lo que sustentaré mi postura.

 

En primer lugar, considero que el que el Congreso de la República debe aprobar el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en caso de sicariato y extorsión, porque se percibe una creciente inseguridad ciudadana que atenta contra la ciudadanía. Pues los ciudadanos tenemos deberes y derechos que deben ser protegidos por el Estado, pues se busca que tengamos una vida digna.  Asimismo, existen normativas universales que protegen al ciudadano. Para Ferry y Renaut¹ (1997) sostiene que los derechos expresados desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 hasta ahora establecen “las libertades fundamentales que se garantizan a los ciudadanos y que pueden oponerse al Estado, cuyos límites trazan por consiguiente”. De esta manera, y en virtud de lo anteriormente dicho, los derechos proclamados en 1789 son “derechos-libertades”, los que definen “posibilidades intelectuales para el individuo (libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de creencia…) o físicas (libertad de trabajo, libertad de comercio, libertad de reunión…).

En segundo lugar, considero que el que el Congreso de la República debe aprobar el proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en caso de sicariato y extorsión, porque, dado que, en democracia, los ciudadanos tienen un involucramiento en el desarrollo de la sociedad, pues cumple un rol protagónico, ¿cómo?, lo hace por medio de los votos, es decir en las elecciones democráticas que le da la facultad de elegir a las autoridades. Ahora, influye la toma decisión de cada uno de nosotros en buscar un bienestar en común, en base a sus principios y a sus normas morales y ética. Estas autoridades tienen de deber de cumplir su mandato de crear leyes que busquen dar la seguridad y bienestar ciudadana. En ese sentido, existe una participación ciudadana que busca una igualdad para todos e involucrarnos directamente en el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora transciende la multiculturalidad, donde se destaca la identidad y la cultura de una sociedad. Según Paul Barry Clarke² manifiesta que «Ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus parámetros generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente”. Entonces, como un país intercultural, que es hecho real, se debe construir una identidad y crear el concepto de ciudadanos interculturales que permite proteger, respetar y valorar las diversas diversidades.

 

Finalmente, el contraargumento más álgido es la corrupción en todas las esferas del poder, pues bastante crítica, hay muchas extorsiones y sicariatos que todos los días salen publicados en la prensa. No cabe duda que se debe enfrentar esta problemática. Lamentablemente las autoridades o no toman conciencia de la situación y solo se fijan en sus intereses. Bajo esa óptica aparece el concepto de Estado de Derecho que busca garantizar el respeto y la igualdad. Por tanto, Gustavo Zambrano Chávez manifiesta que, al consolidarse la figura de Estado de Derecho, el principio de legalidad aseguraba el carácter prescriptivo de este. Ya no nos encontrábamos sujetos a la actuación de cualquier político, sino que la ley, previamente establecida, regularía la convivencia entre los seres humanos buscando que esta fuera pacífica y brindando los instrumentos de solución de las controversias que aparecían regularmente. Entonces, para que la norma sea válida, debía cumplir con determinados requerimientos expresamente señalados. A esto se le conoce como validez formal de la norma, que significó el divorcio de esta y la justicia: una norma podía ser válida y no ser justa. Lo ideal es que una norma sea justa, pero, si cumplía con todos los requerimientos formales, podía ser válida, aunque no justa. Obviamente, el contraargumento es bastante claro, las leyes pueden ser muy duras y pueden restringir el derecho de los ciudadanos, por ejemplo ir en contra de su libertad.

El ciudadano actual, donde nuestro país es muy diverso, se crea el concepto de multiculturalismo, pues hay lucha constante con la defensa de sus derechos, es buscar la identidad y nuestra cultura, da como producto nuestra interculturalidad. En ese sentido se debe construir nuestra interculturalidad en base a proteger, respetar y valorar las diversas diversidades. Para erradicar el racismo y la discriminación racial, lingüística, religiosa, entre otros. En resumen, la interculturalidad debe ser una política de Estado, que promueva el desarrollo de la igualdad. Además, los ciudadanos deben entender la importancia de su rol protagónico en la elección de nuestras autoridades, pues una sociedad justa y equitativa se podrán alcanzar mejores beneficios, como por ejemplo el derecho al trabajo digno, la igualdad de oportunidades. Esto da una mejor oportunidad para la libertad y valorar nuestro irrestricto derecho a elegir. Finalmente, la sociedad se enmarca en un Estado de derecho, donde las leyes deben guardar un respeto a los derechos humanos, donde la seguridad ciudadana es necesario para proteger el bien común. Por eso es necesario fomentar leyes que castiguen a quienes busquen menoscabar nuestros derechos y nuestra vida. Donde prime el Estado de derecho, en base a las leyes y al respecto irrestricto a los derechos humanos, es donde se debe combatir este flagelo, es por eso es imperante aprobar la Ley del Terrorismo Urbano para usar una norma legal y democrática para derrotar el sicariato y la extorsión.

 

 

Bibliografía

1      Ferry y Renaut, 1997: 22

2      Savater, F. (2007). Diccionario del ciudadano sin miedo a saber (pp. 6 - 13)

3      Zambrano, G. Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia.

 

Cruz, L. (2006) El silogismo de la ciudadanía: individuo, sociedad y sociedad civil y Estado.